MINA DE URANIO DE SIERRA PINTADA:

LA JUSTICIA DE SAN RAFAEL, EN EL MARCO DE UNA ACCION DE AMPARO, SUSPENDE LA AUDIENCIA PÚBLICA -CONVOCADA PARA EL 2 DE NOVIEMBRE DE 2006 - POR GRAVES IRREGULARIDADES EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.

SAN RAFAEL, 01 de noviembre de 2006.

La Justicia provincial en el marco de una acción de amparo interpuesta por la Multisectorial del Sur, una ONG con una visión integral de la problemática ambiental, mediante una medida innovativa ordenó al gobierno de la provincia de Mendoza se abstenga de llevar a cabo la audiencia pública convocada el día 2 de noviembre a las 11 horas en el teatro Roma. La decisión fue dictada por la jueza Dra Mónica del Carmen Cubillos, fundada en la doctrina y jurisprudencia ambiental más moderna, y haciendo efectivos los derechos de información y participación ciudadana, que habían sido desconocidos por la Administración provincial. La juez de primera instancia haciendo suyas las palabras del jurista Mauricio Libster sostuvo “el peligro de la acumulación de residuos radiactivos, y la necesidad de contar con un estudio de impacto ambiental a cargo de un organismo independiente de la CNEA”. Entre las graves irregularidades destaca el fallo “que la autoridad de aplicación debió exigir una manifestación específica de impacto ambiental, con el objeto de obtener mayores datos o precisiones, algo que nunca hizo”. Asimismo la Administración Pública convoca a Audiencia Pública, fijándose como centro de consulta el centro de información del proponente, ubicado en calle Hipólito Irigoyen 836 de San Rafael violando la garantía del debido proceso y de defensa, y asumiendo la misma Comisión que generó y acumuló residuos radiactivos, al mismo tiempo roles de técnicos de evaluación y remediación, “el sujeto que va a ser evaluado como proponente de un proyecto no debe ser quien reciba las inscripciones de la audiencia pública ni quien otorgue la información que depende de ella, ya que publicidad y participación se encuentran en un vértice común: libre acceso a la información pública” donde “el legítimo consenso sólo podrá alcanzarse garantizando las formas específicas de participación ciudadana en el discurso público que impliquen una situación igualitaria de los interlocutores del proceso comunicacional” y amerito la duda de la manifestación general de impacto ambiental donde “la ejecución de la actualización y ampliación fue efectuada” por el equipo integrado por profesionales pertenecientes a la CNEA y a la empresa Dioxitek SA. De este modo el proponente, prima facie, se autoevaluó.
Asimismo, la Multisectorial aclaró que esa remediación "es necesaria, urgente y debe llevarse a cabo en un 100%", pero que debe basarse "en estudios serios y completos, algo que no observamos en la Manifestación General que iba a ser sometida a consideración de la población en la audiencia pública". La Multisectorial reiteró que los documentos presentados por CNEA "se limitan a evaluar el impacto que tendría la remediación de las aguas de cantera y de los tambores con residuos sólidos, donde se acumula menos del 4% de todo el uranio y radio residual, y dejan para otras etapas que ni siquiera analizan la remediación del resto de la mina, donde se encuentra más del 96% de los residuos de uranio y de radio. Todo parece indicar que la CNEA está más interesada en reabrir la mina que en completar la remediación completa de Sierra Pintada". La Administración tampoco no tuvo en cuenta las diversas presentaciones efectuada por la Multisectorial del Sur, como también informes técnicos por los que se podrían haber salvado muchas de las irregularidades cometidas. Cabe destacar que la Dirección de Saneamiento y Control Ambiental del gobierno de Mendoza tampoco exigió a la CNEA la constitución del seguro ambiental que exige el artículo 22 de la ley nacional del ambiente para garantizar el los posibles daños al ambiente causados por la remediación", indicó la Multisectorial.

Para ver el fallo completo ingresar en www.jose-esain.com.ar

Multisectorial del Sur